España tiene una rutina que se repite con la tranquilidad de lo inevitable: cuando se decide la sede de un organismo estatal, la brújula apunta al centro o a las grandes capitales. Madrid por tradición; Barcelona por peso o contrapeso; Zaragoza por centralidad; y, cada vez más, otras ciudades con capacidades ya consolidadas, en este caso en salud pública, como Granada. No es una crítica a ninguna de ellas: es una constatación de cómo funciona la inercia. Pero precisamente por eso conviene preguntarse si la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) debe nacer en el lugar más obvio o en el lugar más coherente con su misión.
Porque la salud pública no es una institución de pasillos. Es una disciplina territorial. Se escribe con geografía, con desigualdad, con demografía, con dispersión y densidad, con ruralidad y ciudades intermedias, con costa y montaña, con cuencas industriales y de memoria histórica y democrática, con cambios poblacionales y comarcas envejecidas. La salud pública no se entiende —ni se gobierna— desde un mapa plano. Por eso, el país necesita una Agencia Estatal que piense el país entero.
